En el marco de la apertura del III Congreso Hispanoamericano de Derechos Humanos “Democracia, Seguridad y Derechos Humanos en el Siglo XXI”, organizado por la Universidad del Alba, la Universidad de Burgos y la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, el pasado 7 de octubre se llevó a cabo una jornada que incluyó un panel sobre Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. La actividad, realizada en las dependencias de la Universidad del Alba, sede La Serena, contó con la ponencia de Miguel Lecaros, Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y Planificación.

En su exposición, Lecaros abordó como tema central la libertad, explorada desde diversas perspectivas. Comenzó con un enfoque histórico, relacionado con el proceso de evangelización en España, donde ya surgía el concepto de libertad. Asimismo, hizo referencia a autores que analizaban las relaciones entre dominadores y dominados, describiéndolas como procesos “ahistóricos”.

Durante su intervención, exploró cómo se configuran los derechos humanos, poniendo especial énfasis en el lugar que ocupa la palabra libertad. Reflexionó sobre lo que nos conduce a la libertad de manera atemporal, y cómo lo que hemos hecho a lo largo de los años otorga sentido y respeto tanto a nuestras acciones como a las de los demás.

Lecaros también planteó la cuestión del respeto por el derecho a la libertad, no solo de aquellos considerados “salvajes”, sino también de quienes están enfrentando situaciones de vida o muerte en el presente. Subrayó que el derecho a la libertad trasciende los procesos democráticos, destacando su carácter individual y su conexión con el derecho a sentir, así como su potencial para contribuir a la sociedad.

Finalmente, mencionó el concepto del “tiempo axial”, refiriéndose a él como un periodo en el que prevalecen los valores y la búsqueda del bien común. Concluyó afirmando que la libertad es, en última instancia, un proceso ahistórico.

El profesor mexicano Juan Carlos Páez, también ponente en el panel, abordó el tema de la seguridad humana desde la perspectiva del cambio climático, destacando el papel de los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en esta temática, según lo establecido en el PIDESC ( Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Páez hizo referencia a la Convención Marco sobre el Cambio Climático de 1992, y trató tanto las acciones de mitigación como las de adaptación necesarias para enfrentar esta crisis global. En sus conclusiones, subrayó la importancia de que los estados y las entidades federativas prioricen la implementación de medidas para que los actores públicos y privados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, con un enfoque particular en el CO2, el metano y el ozono. Además, resaltó la necesidad de sancionar a quienes incumplan estas normativas.

Páez advirtió que, en la práctica, “los agentes económicos con poder podrían bloquear aquellas acciones que afectan sus intereses”, lo que constituye un obstáculo significativo en la lucha contra el cambio climático, ya que la influencia de estos actores podría frenar la implementación efectiva. de políticas ambientales necesarias para mitigar sus impactos.

Asimismo, subrayó la importancia de una gobernanza fuerte y la necesidad de una mayor voluntad política para contrarrestar estas presiones y asegurar que las leyes ambientales se cumplan de manera rigurosa. En este sentido, llamó a que tanto las instituciones públicas como privadas asuman su responsabilidad en la reducción de emisiones y en la protección del medio ambiente, con sanciones adecuadas para aquellos que incumben.

Rafael Ferrada, consejero del Colegio de Abogados y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, abogado por la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal, presentó su ponencia titulada “Propuestas constitucionales del derecho a la seguridad”. En su exposición, abordó diversos tratados internacionales sobre el tema, enfatizando que, en el caso de Chile, es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad nacional, proteger a la población y la familia, fortalecer el núcleo familiar, promover la integración armónica de todos los sectores del país y asegurar que las personas tengan igualdad de oportunidades para participar en la vida nacional.

Ferrada también puso sobre la mesa el debate sobre el derecho a la seguridad pública, destacando la necesidad de profundizar en su consagración constitucional. En sus reflexiones, planteó preguntas clave como: ¿Es la seguridad un derecho humano? ¿Está realmente reconocido como tal? Estas interrogantes invitan a un análisis sobre la importancia de establecer de manera clara y efectiva el derecho a la seguridad dentro del marco jurídico chileno, como una medida fundamental para garantizar la protección de los ciudadanos y fortalecer el rol del Estado en la promoción de una sociedad más segura, concluyó.

La instancia culminó con las presentaciones de Cristián Monckeberg, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del Alba, y Yamil Musa, Director de Programas Académicos Especiales y Nuevas Iniciativas de la misma institución. Durante la ponencia, se reflexionó sobre los 15 años de trayectoria del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), analizando su funcionamiento y si ha cumplido con los objetivos para los cuales fue creado. Se destacó el papel del Estado en garantizar la seguridad ciudadana, un tema central de la discusión.

El decano Monckeberg también hizo referencia al diplomado de la Universidad del Alba sobre seguridad humana, el cual abarca temas relacionados con la seguridad alimentaria, problemas de infraestructura y el crimen organizado. Señaló que es crucial avanzar en el estudio de estos temas, ya que son fundamentales para la toma de decisiones tanto en instituciones como públicas privadas.

Además, se discutió sobre los derechos humanos y su institucionalidad en Chile, subrayando la necesidad de realizar ajustes en el registro de la sociedad civil. En este contexto, se destacó que es esencial una comprensión más amplia de los derechos humanos, especialmente considerando los resultados de la última encuesta sobre el INDH, donde solo el 12% de los encuestados señaló que este organismo vela por los derechos de todos los chilenos. Esto evidencia una comprensión limitada del papel del INDH, lo que subraya la importancia de reforzar el diálogo con la sociedad civil y mejorar su registro para garantizar una mayor conciencia y participación.

En conclusión, se enfatizó la necesidad de fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos en Chile y promover una mayor educación y comunicación con la ciudadanía para mejorar la percepción y el entendimiento del trabajo que realiza el INDH.

La jornada continuó con una ronda de preguntas del público, lo que permitió una interacción directa con los panelistas, generando un espacio de diálogo y reflexión sobre los temas tratados. Para aquellos interesados ​​en ver el evento completo, los invitamos a acceder a la grabación disponible en el siguiente enlace: Ver grabación del evento .